Radiografía de los alumnos con discapacidad intelectual en España: «Se les va derivando a la Educación Especial con la edad»

20 Minutos.- En España hay en torno a 750.000 alumnos con necesidades educativas específicas que requieren de algún tipo de apoyo educativo, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad, porque son superdotados o porque se integraron tarde en el sistema educativo. Esto es, el 9,3% del total de estudiantes no universitarios. Pero la realidad del alumnado con algún tipo de discapacidad grave -que son casi uno de cada tres alumnos con necesidades específicas- es tan compleja como heterogénea.

Unos 228.000 tienen algún tipo de discapacidad o trastorno grave (intelectual, motora, auditiva, etc.), lo que les obliga a ser atendidos de una forma concreta. El sistema actual contempla tres opciones para estos estudiantes (previa valoración de los expertos): o estudiar en un centro de Educación Especial; o en el sistema ordinario, bien en clase con sus compañeros, en las denominadas aulas específicas o en un modelo que combine ambas.

En línea con el objetivo marcado por las Naciones Unidas, la tónica general es que el grueso de los alumnos con alguna discapacidad o trastorno grave esté integrado en un centro ordinario (colegios, institutos, etc.). En España, el Ministerio de Educación se ha marcado un plazo de diez años para multiplicar el número de estudiantes en la educación ordinaria y, según defienden, garantizar su inclusión. Según datos del curso 2020-2021, más de ocho de cada diez niños con discapacidad están integrados en aulas de centros ordinarios (189.072 alumnos); frente al 17% que está matriculado en Educación Especial (38.907).

Ahora bien, puesto que hay muchas realidades en el ámbito de las personas con discapacidad, el panorama es muy distinto si se tienen en cuenta las particularidades. Por ejemplo, en los 473 centros específicos de Educación Especial que hay en todo el territorio nacional, el 66% de los alumnos presenta algún tipo de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo – una denominación que también suele estar asociada a la discapacidad intelectual-. En cambio, en los colegios ordinarios, el porcentaje desciende al 52%. 

Es decir, es más probable que un niño con discapacidad intelectual pase a estudiar en un centro Especial que en uno ordinario, sobre todo a medida que aumenta su edad y los requerimientos de los centros.

Por comunidades autónomas, Cataluña es (según datos de 2021-22) la región que más centros de Educación Especial concentra: 102. Le sigue Madrid (69), Andalucía (59), Comunidad Valenciana (45), Galicia (36) y Castilla y León (28). Por lo contrario, La Rioja (2), Navarra (5), Cantabria (8), Baleares (9) y País Vasco (10) son los que menos tienen.

Menos alumnos con discapacidad en etapas superiores

El Ejecutivo no ofrece datos sobre la edad de los alumnos matriculados en centros de Educación Especial españoles, pero puede estimarse observando las proporciones en los colegios ordinarios. En el caso de los alumnos con discapacidad intelectual, el porcentaje de matriculados va cayendo a medida que avanza la etapa, en parte, porque acaban siendo derivados a centros de Educación Especial: si en Primaria y ESO el porcentaje de matriculados con algún tipo de discapacidad intelectual ronda el 25%; la cifra se desploma una vez la educación deja de ser obligatoria, siendo del 3,2% en Bachillerato y del 10,1% en los grados superiores de Formación Profesional (FP).

«Se les va derivando a la Educación Especial con la edad. Las cargas curriculares de Educación Infantil son pocas, por lo que pueden encajar con muchos más perfiles, ya que el contexto se ajusta más al desarrollo evolutivo de cada persona, las ratios suelen ser más bajas, los comedores están más vacíos, etc.», explica a 20minutos Luis Pérez, director técnico de la Fundación AUCAVI

Además, cuenta, es muy difícil que los alumnos entren desde pequeños a un centro especial, por la tendencia del sistema de reforzar la presencia en la educación ordinaria. Según se hace mayores, detalla, hay dos cortes claros: por un lado, la entrada a Primaria de estudiantes con mayores dificultades; y luego un segundo corte en Secundaria, de un perfil que no se mantiene en esa etapa ordinaria porque ya cuesta más adaptarse al ritmo de sus compañeros.

La clasificación actual distingue, dentro de los alumnos con necesidades educativas específicas «derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta», siete categorías: discapacidad auditiva, motora, intelectual, visual, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos graves de conducta o personalidad y pluridefiencia. Pero, formalmente, la de trastornos del desarrollo ya no existe como categoría diagnóstica, tal y como detalla Luis Pérez, aunque perviva en los datos oficiales. 

Ahora, ese subgrupo sería equivalente a un trastorno del espectro autista (TEA), que representa, junto a las discapacidades intelectuales, la mayor parte de la Educación Especial. «Son dos categorías diferentes, pero sin duda ese es el grueso. Hay muy pocos alumnos que no tengan discapacidad intelectual en los centros específicos, y si los hay, son casos muy excepcionales», añade. 

Al final, los niños con este tipo de discapacidades tienen una falta de habilidades muy relevantes que requieren de una atención individualizada y especializada. «Nosotros orientamos todo nuestro trabajo a la inclusión real de la persona, y eso no siempre tiene que pasar por compartir el espacio educativo con todos los alumnos. Cuantos más puedan mejor, por supuesto, pero hay personas que, por sus realidades, quizás un colegio ordinario no es el mejor contexto para dar respuesta a sus necesidades», explica el director técnico de AUCAVI, una fundación sensibilizada con las personas con autismo y sus familias.

«En nuestro centro tenemos chicos con necesidades muy importantes a nivel sensorial; y si les ponemos en un comedor con otros 200 alumnos les estamos haciendo un flaco favor, por muchos recursos que destinemos», señala. 

En los centros de Educación Especial las etapas son similares, pero presentan ciertas diferencias. Por ejemplo, igual que los centros ordinarios, tienen una etapa infantil y otra obligatoria que se fundamenta en una única llamada educación básica obligatoria. Luego, para los más mayores, hay una etapa de los 16 a los 18 años que sirve como transición a la vía adulta, y que sería equiparable al Bachillerato. 

Centro especial u ordinario: el proceso de matriculación

Pero para entender esto, hay que tener en cuenta un asunto importante: ¿Cómo y bajo qué criterios se decide si un alumno debe ir a un centro u otro? Según la normativa vigente, el proceso empieza cuando se detecta -la familia, un profesor o el pediatra- que el alumno requiere de algún tipo de necesidad educativa especial. A partir de ahí, los equipos de orientación realizan una valoración psicopedagógica, en base a la cual se emite un dictamen de escolarización, que servirá para que la Consejería de Educación de la comunidad correspondiente decida si el alumno debe ir a un centro ordinario con la adaptación curricular que necesite o a uno especial.

Este es un asunto que ha generado bastante polémica en los últimos años, pues hay muchos padres descontentos por no poder decidir en qué centros escolarizar a sus hijos. La sensación es que la idea de intentar incluir al mayor número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios puede ser buena; pero aluden a un problema que es estructural y que, al final, merma en la educación de los alumnos con necesidades específicas: los recursos son, en general, insuficientes en los colegios para poder atender correctamente a las particularidades de alumnos con ciertas discapacidades.

Diferencias «abismales» entre comunidades

«Me encantaría poder decir que hay criterios técnicos establecidos a nivel nacional para derivar a un alumno a un centro ordinario o especial, pero es impensable. No tenemos la percepción de que haya ese ajuste personalizado e individualizado a las necesidades individuales de cada persona, sino que creo que es más una cuestión de orientación política», lamenta Pérez.

Además, según subraya, hay unas diferencias «abismales» entre comunidades autónomas. «En el País Vasco es diferente incluso entre provincias. En Madrid tenemos las aulas TEA en colegios ordinarios, pero, sin embargo, en Valencia no existen y tienen la mitad de la población en modalidad ordinaria y al otra modalidad en especial», señala. 

Esas diferencias también se aprecian en la recogida y tratamiento de los datos, que dificultan a cualquiera que se acerque a ellos extraer una imagen clara de la realidad de los alumnos con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en particular en España. Chicos y chicas que, en gran medida, encuentran su tabla de salvación en los centros de educación especial.   

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