Segundo juicio por ‘fake news’: piden prisión para una acusada de incitar al odio contra «emigrantes ilegales» con un vídeo de Brasil

El País.- Días después de que un agente de la Guardia Civil fuese condenado por la Audiencia de Barcelona por difundir un vídeo de una agresión en China como si se tratase de un ataque de un menor no acompañado, la Fiscalía contra Delitos de Odio, que coordina el fiscal Miguel Ángel Aguilar, ha presentado un nuevo escrito contra acusación contra una procesada por otro caso de ‘fake news’. En concreto, el Ministerio Público pide dos años de cárcel y multa de 6.570 euros para una internauta que presuntamente difamó a «emigrantes ilegales» al difundir un vídeo de unos alborotos en Brasil.

«Mando video de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad como agradecen nuestra acogida», destacó R.M.M.C., vecina de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por las redes sociales junto con un vídeo de 45 segundos en el que se veía como dentro de un aula en una escuela varios alumnos gritaban, lanzaban papeles a la profesora y tiraban y tumbaban mesas, entre gritos y risas de burla hacia la docente. Los Mossos

d’Esquadra indicaron que el vídeo recogía hechos ocurridos en Brasil y que no tenían nada que ver con menores extranjeros no acompañados.

Por eso, el fiscal cree que la acusada cometió un delito contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por origen y pide una condena en el juicio fijado para el 11 de abril en la Audiencia de Barcelona. En este sentido, la Fiscalía cree que se utilizó la red social para difundir una noticia falsa para difamar a extranjeros.

El Ministerio Público remarca que estas noticias falsas «tienden deliberadamente a aprovechar momentos o incidentes de actualidad con fuerte impacto o conmoción social, aportando material audiovisual inveraz o tergiversado para hacer creer a los receptores que están relacionados». Además, cree que la procesada pretendía «con manifiesto desprecio a la verdad» asociar un comportamiento violento en las aulas con todos los menores no acompañados procedentes de otros países, para atribuirles de forma generalizada la comisión de actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado.

El fiscal cree que su objetivo era contribuir presuntamente «a despertar, potenciar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y animadversión social frente a ellos». Por eso pide una condena.

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