En medio de una epidemia de violencia, el Supremo de EE.UU. cimenta el derecho a llevar armas

ABC.- La Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece el derecho a «poseer y portar» armas y el Tribunal Supremo dictó este jueves una sentencia que refuerza la segunda parte, en la decisión más significativa en más de una década sobre el acceso a armas.

El alto tribunal tumbó una ley del estado de Nueva York que establece que quienes solicitan permiso para llevar pistolas en la calle deben tener un «motivo apropiado» y «buen carácter moral». Se trata de una norma centenaria que hasta ahora había servido para limitar el acceso a armas de fuego en el espacio público.

El Supremo ha determinado que esa limitación es inconstitucional, lo que abre la puerta a la revocación de otras normas similares en estados de todo el país y contra regulaciones que impiden portar armas en ciudades y comunidades plagadas de violencia armada.

«No vamos a poder dormir», reaccionó Eric Adams, alcalde de Nueva York, una ciudad que se enfrenta de forma diaria a la lacra de la violencia con armas. «Esta sentencia nos deja a todos y cada uno de nosotros más inseguros».

La decisión fue tomada por una mayoría de 6-3, con el voto favorable en bloque de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados nominados por presidentes demócratas.

Controversias

Se trata de la primera ocasión desde 2008 en el que el intérprete definitivo de la Constitución de EE.UU. entra de lleno en la regulación de la Segunda Enmienda, un asunto muy caliente en EE.UU., en medio de una epidemia de violencia con armas de fuego, y con la memoria de las últimas grandes matanzas -como la de la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, donde murieron 19 niños y sus dos profesoras- muy fresca.

La mayoría conservadora del Supremo se reforzó durante la presidencia de Donald Trump, que tuvo la posibilidad de nominar a tres jueces durante su único mandato -hasta el momento- y colocó juristas de orientación clara conservadora. El impacto de esa oscilación conservadora se nota ya con fuerza en el tribunal, del que se espera que emita una sentencia que tumbe buena parte del derecho al aborto, y que ahora ha cimentado la Segunda Enmienda en una visión que privilegia el derecho individual a acceder a las armas frente a consideraciones de seguridad pública.

«La Segunda y Decimocuarta Enmienda (la que establece la protección en igualdad a todos los ciudadanos) protegen el derecho de una persona a llevar una pistola para propia defensa fuera de su hogar», escribió el encargado de redactar la sentencia, el juez Clarence Thomas, el estandarte del bloque conservador del Supremo. «No conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a las autoridades una necesidad especial».

En el fondo de la cuestión, lo que ha decidido el Supremo es dejar de lado las consideraciones sobre seguridad pública y prevención del crimen que otras instancias inferiores han tenido en cuenta a la hora de validar leyes que limitan el acceso a las armas. El criterio para Thomas y el resto de jueces conservadores es que «la regulación sea consistente con las tradiciones históricas del país sobre regulación de armas de fuego».

Este criterio abre la puerta a un progresivo levantamiento de regulaciones sobre quién puede tener acceso a armas y a qué tipo de armas. Y ocurre en un momento en el que EE.UU. se desangra en tiroteos masivos -más de trescientos en lo que va de año- y en decenas de miles de muertos con armas por homicidios o suicidios. La decisión del Supremo coincide con el impulso en el Senado de una ley para aumentar -de forma mínima- el control sobre algo en lo que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo: que las armas no lleguen a las manos equivocadas.

Un puñado de republicanos han acordado cambios modestos en esos controles, aparejados con una inversión multimillonaria en infraestructura de salud mental y de seguridad en centros educativos. Se espera que la ley se apruebe este mismo fin de semana.

Visión «originaria»

La interpretación de la mayoría conservadora está dentro de la llamada visión «originaria» de la Constitución, en la que se interpreta el texto en su «significado original». La visión de la minoría progresista es muy diferente: el juez Stephen Breyer, redactor de su opinión discordante, escribió que es «constitucionalmente apropiado, incluso muchas veces necesario» considerar «los serios peligros y consiguen citas de la violencia con armas que ha llevado a los estados a regularlas».

«En 2020, 45.222 estadounidenses murieron por armas de fuego», fueron las primeras palabras de la opinión de Breyer, en un intento de mostrar que la regulación de los estados responde a una realidad trágica.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), el gran ‘lobby’ de las armas, calificó la sentencia de «victoria que supone un punto de inflexión».

Todo lo contrario que el presidente del país, Joe Biden, que defendió que la decisión va «contra el sentido común y contra la Constitución» y «debería preocuparnos a todos profundamente».

Biden, que ha exigido cambios radicales en el acceso a las armas tras las últimas matanzas -sin posibilidades reales en el Congreso ante las mayorías insuficientes de sus aliados demócratas-, e hizo referencia al juez Antonin Scalia -referente conservador en el Supremo durante muchos años- al defender que la Segunda Enmienda «no es absoluta».

Scalia fue el redactor de la última sentencia decisiva en la regulación del acceso a las armas. Fue en 2008, cuando el tribunal, con una mayoría de 5-4, estableció el derecho de los estadounidenses a tener armas en casa. Fue entonces cuando reconoció que la Segunda Enmienda no es un derecho ilimitado, y que no puede haber armas de fuego en «lugares sensibles», como escuelas o edificios gubernamentales, además de otros límites (que no las puedan comprar criminales convictos o determinadas armas de gran capacidad).

La decisión redactada por Thomas -el juez más comprometido del tribunal con el acceso a las armas- abre el camino a levantar muchos límites y el Supremo ha demostrado su inclinación a hacerlo.

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