Barcelona debe readmitir a un agente al que jubiló por una discapacidad: «Fue una discriminación total»

20 Minutos.- Manuel Abad tenía 53 años y llevaba casi tres décadas como guardia urbano de Barcelona cuando, «de un día para otro», le obligaron a jubilarse por una discapacidad sobrevenida. Consciente de no poder realizar labores de calle pero plenamente capacitado para permanecer en lo que se denomina segunda actividad, Manuel denunció al Ayuntamiento. En primera instancia perdió, pero ahora, tres años y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)le ha dado la razón y obliga al Ejecutivo local a readmitirle. «Fue una discriminación total. A mí me echaron por ser discapacitado.

Yo ya estaba desempeñando funciones más administrativas o sedentarias cuando me jubilaron: tareas de mantenimiento, en  la centralita, atendiendo a las personas que llegaban a la unidad…», relata este agente al otro lado del teléfono. «A principios de 2015 me reconocieron el paso a segunda actividad y a los pocos días la Seguridad Social determinó mi incapacidad permanente total para el ejercicio de mi profesión habitual. En el Ayuntamiento me dijeron que eso les obligaba a jubilarme pero no es así, esa incapacidad me permite trabajar en cualquier otro sitio que no me requiera el mismo esfuerzo», continúa. Manuel sufre de artrosis en las dos caderas y por el momento ha sido operado de una de ellas, pero puede caminar sin muletas. Cuando ocurrieron los hechos que denuncia tenía reconocido un grado de discapacidad del 35%, que ha subido al 42 en la última revisión.

Aquella decisión del Consistorio no solo le dejó con el 55% del sueldo sino también destrozado anímicamente, «hecho polvo, desconcertado», una situación que afectó igualmente a su familia: «Mi mujer se quedó muy mal también. Teníamos a nuestros dos hijos estudiando…». La esperanza la encontraron en la Asociación para la Integración Laboral de la Policía Local con Discapacidad (Ail-pod), presidida por Vicenç Flores. Él lucha desde hace más de ocho años para ser readmitido en la Guardia Urbana de Barcelona en el desempeño de funciones no operativas y ayuda a otros funcionarios en su misma situación. La suya fue la primera petición individual de este tipo que se presentó contra España ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este organismo la admitió a trámite y a ella le han seguido otras tres, todas procedentes de Cataluña. «En otras comunidades también hay casos pero vamos avanzando en la regulación. Aquí no», se queja Vicenç.

Un fallo poco motivado A la espera de que la ONU se pronuncie, la sentencia sobre las circunstancias de Manuel tiene una gran importancia para este colectivo, al ser la primera condenatoria contra el Consistorio de Barcelona. Junto a ella se presentaron otras dos denuncias similares pero tras perder en primera instancia, los otros dos guardias decidieron retirarse y sólo él siguió adelante. «La gente tiene miedo. Les condenaron a pagar las costas. ¿Y si perdían otra vez y tenían que volver a pagar? Se habían ido a casa con la mitad del sueldo», apunta el presidente de Ail-pod.   La resolución del TSJC no solo anula el decreto por el cual se jubila a Manuel sino que se muestra muy crítica con el fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 16 y habla de «falta de motivación», «escuetos razonamientos» y de «incongruencia omisiva», lo que provoca «indefensión». «En una sentencia de medio folio la jueza le dio la razón al Ayuntamiento. Ahora, en más de veinte páginas, con argumentos, el Tribunal Superior de Cataluña le achaca que no contempló todo lo que nosotros alegábamos», expone el demandante.

El Gobierno municipal es condenado además a pagar las retribuciones salariales que el guardia dejó de percibir, así como las cotizaciones a la Seguridad Social, con los intereses que correspondan desde que fue jubilado. La asociación estima que esa cantidad podría ascender a los 200.000 euros. Este diario ha intentado sin éxito conocer la valoración de la Concejalía de Seguridad y si procedería a recurrir ante el Tribunal Supremo, plazo que expiró el viernes. Manuel aún no ha regresado al trabajo y podrían pasar hasta seis meses antes de que la sentencia sea ejecutada pero mientras ya disfruta de la alegría que ha supuesto para él y los suyos «haberle ganado a un Ayuntamiento, y más al de Barcelona, que no es poca cosa».

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