Dos profesoras condenadas a siete años de cárcel por humillar a niños con síndrome de Down en un colegio de Pozuelo de Alarcón

El Mundo.– Dos profesoras de un centro de educación especial de Pozuelo de Alarcón han sido condenadas a siete años de prisión por humillar de forma sistemática a siete niños con discapacidad intelectual, la mayoría con síndrome de Down. Los hechos ocurrieron en un centro de la Fundación Gil Gayarre, una institución que atiende a menores con trastornos del desarrollo. La sentencia, adelantada por El Debate, considera probado que las trabajadoras insultaban, menospreciaban y amenazaban a los alumnos durante la jornada escolar. La justicia las señala autoras criminalmente responsables de siete delitos contra la integridad moral, uno por cada menor.

Las agresiones verbales quedaron al descubierto en 2019 gracias a la iniciativa de una familia. Su hija, que había empezado a mostrar síntomas de ansiedad, vómitos matutinos y regresiones cognitivas, llevaba tiempo comportándose de forma inusual. Sus padres decidieron colocar una grabadora oculta dentro de un peluche que colgaron de la mochila. El audio reveló lo que ya sospechaban: amenazas como «me dan ganas de matarte», «te voy a amargar la vida» o «qué asco me das«, y burlas como «gilipollas«, «atontados», «sois unos mierdas» o «alelaos», proferidas a diario en clase por parte de sus profesoras. La grabación fue la primera prueba de una dinámica prolongada de maltrato psicológico en el aula.

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Según la sentencia, las docentes actuaban con desprecio hacia los menores, todos de entre ocho y diez años. A uno lo dejaban solo en el baño como castigo, a otra le impedían salir al recreo, a otros les gritaban a pocos centímetros del oído, todo ello delante del resto del grupo. El tribunal concluye que las acusadas eran plenamente conscientes de la vulnerabilidad de sus alumnos y se valían de ella para someterlos a un trato vejatorio y degradante. La magistrada aprecia además la agravante de haber actuado por razón de la discapacidad de las víctimas, prevista en el artículo 22.4 del Código Penal.

Cada una de las profesoras ha sido condenada a un año de prisión por cada uno de los siete delitos. También quedan inhabilitadas durante ese tiempo para ejercer cualquier empleo público o privado en centros docentes o especializados en atención a personas con discapacidad intelectual, y no podrán acercarse ni comunicarse con las víctimas durante dos años. Además, deberán pagar 5.000 euros de indemnización a tres de los menores, con responsabilidad civil subsidiaria para la Fundación Gil Gayarre, donde ocurrieron los hechos.

Durante el juicio, la defensa trató de invalidar la principal prueba: las grabaciones realizadas por los padres. Alegaron que vulneraban el derecho a la intimidad y que no podían admitirse como prueba válida. Pero la jueza ha sido tajante: los audios son lícitos y suficientes para demostrar una conducta continuada y deliberada de humillación hacia menores especialmente vulnerables. El fallo también impone el pago de las costas procesales a cada acusada y deja abierta la posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.