Un nuevo registro impedirá que quienes han maltratado animales vuelvan a tenerlos

  • Ha salido a consulta pública un Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que contendrá un censo mediante un ‘DNI animal’
  • La Dirección de Protección Animal espera que el número de personas inhabilitadas para tener animales crezca con la modificación que se hará del Código Penal
  • Ante la preocupación de los dueños por el precio del DNI animal, afirman: “Se tratará de un código QR que podrá llevarse en el móvil y no tendrá ningún coste”

Cuarto Poder.- El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está trabajando en varias líneas para aumentar la protección que los animales de nuestro entorno tienen en nuestro país. Esta semana ha salido a consulta pública un Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que contendrá un censo para los más de 10 millones de animales de compañía que existen en todo el Estado español. Una lista de las personas inhabilitadas para tener y convivir con animales estará interconectada a este registro. Así si alguna de estas personas trata de inscribir un animal a su nombre saltará “una alarma” y se le impedirá hacerlo.

La “protección de datos” impide hacer una lista pública de condenados por maltrato animal que la gente pueda consultar, a pesar de que es “una demanda histórica” de los colectivos animalistas, explica el director general de Protección Animal, Sergio G. Torres. Sin embargo, el Ministerio pretende usar esta lista de manera interna, es decir, “informatizar” los datos de las personas con sentencias en firme por maltrato animal que ya reciben gracias a los juzgados y las CCAA. De esta manera se daría la máxima protección a los animales, al tiempo que se protege la privacidad de las personas.

Actualmente el Código Penal ya contempla el castigo a las personas que maltratan a los animales. El artículo 337 recoge la inhabilitación de un año a tres años para la tenencia, el ejercicio cualquier profesión o comercio con animales. También hay una pena de como máximo 18 meses de cárcel, algo que en la práctica se traduce en que es prácticamente imposible ingresar en prisión por haber cometido este delito. Desde el Gobierno de coalición presentarán un proyecto de ley para aumentar estas penas a un máximo de 4 años y medio de prisión, en función de los agravantes. Esperan en consecuencia que “crezca bastante” el número de personas a las que se prohíba tener y “convivir” con animales.

En el Código Penal también se quiere cambiar que la inhabilitación sea de “convivencia” con animales, de manera que, por ejemplo, alguien condenado por tener un criadero ilegal no pueda esquivar el castigo con un registro de los animales a nombre de su pareja. Otro cambio importante en lo penal será que aparezca el término “animal vertebrado”, con el fin de asegurar que se juzgue también el maltrato de animales salvajes o animales de granja. “No se puede juzgar cuando matan a un cerdo en un matadero, es legal conforme a la normativa vigente, pero sí si matan a un cerdo a patadas en una granja”, explica Torres.

De cualquier manera, se buscan también enfoques distintos al punitivista para aquellas personas que hayan sido condenadas por maltrato animal. La Dirección General de Protección Animal ya se encuentra trabajando con Interior para establecer mecanismos de reinserción mediante un programa de aprendizaje sobre empatía con los animales, así como para que otras personas condenadas por otros delitos puedan trabajar durante algunas horas en espacios donde se cuida y se protege a los animales.

DNI animal, eje de la nueva normativa

En cuanto a la futura ley marco de Bienestar Animal, ahora en fase de consulta pública, tendrá como “eje principal” el “DNI animal”. Esta tarjeta que pasará a identificar ahora a todos los animales de compañía es “el punto principal para unificar muchas cuestiones a las que la ley obligará”, explica Torres. La idea es unificar todas las bases de datos que existen en las distintas comunidades autónomas y ampliarlas con “la trazabilidad” del animal, es decir, reflejar el periodo desde que nace hasta que muere, como pasa hasta ahora con los animales de producción. Esto se debe en gran medida a que la mayor tasa de abandono, que quiere combatir el Ministerio, está en los primeros tres meses de vida, periodo en el que ahora no es obligatorio censarlos. Para hacer este DNI se necesitará una muestra de ADN.

En la Dirección General de Protección Animal ya hay argumentos ante los posibles detractores. Frente a la preocupación de los dueños por el coste del “DNI animal”, Torres responde: “Se tratará de un código QR que podrá llevarse en el móvil y no tendrá ningún coste”. Es también un sistema más cómodo y simple que el actual microchip de los animales que facilitará el trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asegura.

También se puede rebatir a quienes creen que esta regulación es innecesaria. ”Son animales que conviven con nosotros y carecen del control sanitario que tienen los animales de producción y granja. Además, hay motivos económicos. El mantenimiento de un animal abandonado sale a 700 euros anuales. Y cada año se abandonan entre 300.000 y 1 millón, según la horquilla que calculamos. El coste recae sobre las arcas locales”, añade.

La futura ley marco de Bienestar Animal, a falta de que concluya el periodo de consulta pública, incluirá también la prohibición de los animales de circo y la regulación de las ferias o las romerías donde se utilicen animales. La caza y la tauromaquia son jardines donde, de momento, el Gobierno de coalición no quiere entrar. Las áreas mencionadas son más difíciles de regular porque hay menos consenso y prefieren posponer estos debates que, de lo contrario, podrían obstaculizar los pasos para la protección animal que contempla la nueva ley.

Modificación del Código Civil

Al margen de la ley marco y del Código Penal, el Gobierno de coalición también quiere impulsar una modificación del Código Civil para que los animales pasen a ser considerados como “seres sintientes” o dotados de sensibilidad, con el fin de adaptarnos a la normativa europea. En esto España va con retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Esta definición ya se contempló en una Proposición de Ley del PP de 2017 que cayó con el fin de la legislatura después de lograr el consenso de todo el arco parlamentario.

PSOE y Unidas Podemos plantearán una proposición de ley en el Congreso de los Diputados a partir del documento final surgido entonces, que recogía ya todas las enmiendas y aportaciones de los grupos parlamentarios.

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