Se conmemoran 30 años del activismo de ‘Movimiento contra la Intolerancia’ frente a los delitos de odio

Confilegal.- RECLAMA UNA LEY INTEGRAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO Y UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA XENOFOBIA

En 2021 se cumplen 30 años de activismo por los derechos humanos de la asociación Movimiento contra la Intolerancia (MCI), que preside desde Esteban Ibarra desde su fundación.

El 1 de enero de 1991, Ibarra inició esta andadura en un proyecto denominado ‘Jóvenes contra la Intolerancia’, una iniciativa dirigida fundamentalmente al ámbito escolar «para promover desde el ámbito educativo valores democráticos y la tolerancia».

También realizó actividades de solidaridad con las víctimas del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de intolerancia.

Tras el asesinato de la inmigrante dominicaba Lucrecia Pérez a manos de un grupo de neonazis en noviembre de 1992, en Aravaca (Madrid), esta iniciativa juvenil se transformó en Movimiento contra la Intolerancia.

A lo largo de esta cruzada, ha desplegado diversas actividades educativas y acciones judiciales en defensa de las víctimas de los crímenes de odio.

Una lacra, que según denuncia Esteban Ibarra en Confilegal, «persiste en la actualidad, y se extiende en toda Europa, sobre todo a partir de la eclosión del discurso de odio en las redes sociales».

Según informa a este diario Esteban Ibarra, Movimiento contra la Intolerancia ha presentado en 2020 un total de 91 denuncias ante las fiscalías de delitos de odio.

Además, está personada como acusación popular en varios procedimientos judiciales contra racistas, así como contra distintos individuos y grupos violentos que «denigran la dignidad humana y llaman a la agresión».

 Entre las denuncias destacan, por ejemplo, una presentada contra quienes estigmatizaron a sanitarios y agentes por estar en primera línea de batalla contra el coronavirus; numerosas de ellas se dirigen contra grupos musicales antisistema «que incitan a la violencia y al odio en sus letras de canciones», difundidas en Youtube, que llaman a matar inmigrantes, guardias civiles o a judíos; y ha denunciado diversas agresiones racistas a inmigrantes.
También presentó una denuncia contra el expresidente catalán Quim Torra por unos artículos que publicó antes de ostentar la presidencia comparando la lengua española con las bestias, si bien no prosperó; otra por presunto delito de odio por una agresión «grave» a un inmigrante en Ciudad Real que casi perdió un ojo; y también tiene un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra dirigentes neonazis.

Además, da asistencia jurídica en los casos que le llegan a la Oficina de Solidaridad.

En la actualidad, a Movimiento contra la Intolerancia le «preocupa» la «expasión del discurso de odio en Internet y las redes sociales, así como el crecimiento de la xenofobia en nuestro país en el contexto de crisis económica y social», por lo que reclama a todos los partidos políticos un Pacto de Estado que recoja los acuerdos adoptados en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre de 2018 en el marco de la conferencia intergubernamental convocada por la ONU por un acuerdo mundial para una migración segura, ordenada y regular.

Además, hace un llamamiento a todas las administraciones para que impulsen la educación para la tolerancia y los derechos humanos conforme prescribe la UNESCO en su declaración de principios.

 Y reclama una ley específica contra la xenofobia, así como una estrategia de intervención.

Hace este llamamiento a los partidos políticos en «un contexto de grave crisis económica y ante la emergencia en nuestro país de hechos «racistas, antigitanos, antisemitas, islamófobos, supremacistas y conductas de negrofobia, aporofobia (personas sin hogar) y otras con base en el odio identitario, que evidencian esta intolerancia múltiple».

También lleva meses denunciando que la nueva redacción del Proyecto de ‘Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia’ «discrimina a víctimas de delitos de odio», y así se lo ha hecho saber a laFiscalía General del Estado (FGE), que coincide en la necesidad de sostener la universalidad en la protección de las víctimas de delito de odio y ha puesto de manifiesto su voluntad de potenciar la adecuada y necesaria asistencia a las mismas.

Movimiento contra la Intolerancia también ha transmitido su denuncia a los grupos parlamentarios, y lamenta la «ausencia de respuesta» hasta la fecha.

Por ello, presentó una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en la que denuncia que estamos ante una “situación discriminatoria que vulnera los derechos humanos y la igualdad ante la ley».

Espera que el Defensor del Pueblo atienda la queja y requiera a los grupos parlamentarios que modifiquen la actual redacción del Proyecto de Ley.

«Las ONG que luchamos por la erradicación de los delitos de odio vemos en esta redacción un paso atrás de los avances conseguidos en la protección universal de la dignidad, libertades y derechos fundamentales que ampara el Código Penal, por ello reclamamos que se subsabe esta aberración», señala Esteban Ibarra.

Movimiento contra la Intolerancia reclama, además, una Ley Integral contra los delitos de odio.

Informa que en España, según se desprende del último informe de la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior y publicado en julio de 2020, al menos han sido denunciados oficialmente 1.706 delitos de odio en 2019, de los que el 35% son por razón ideológica, el 30% por racimo y xenofobia, y el 35% por otros delitos.

También pide una Ley general por la igualdad de trato y no discriminación.

Y vuelve a reclamar por enésima vez que los agentes, además de reconocérseles el delito de atentado a la autoridad “cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP)”, también estén amparados ellos y sus familias cuando ocurra fuera del acto de servicio, como delito de odio.

Es una histórica reivindicación de los agentes y de Movimiento contra la Intolerancia. Ibarra recuerda en este diario que los agentes y sus familias, que están sufriendo actos de intolerancia, como los acaecidos en Alsasua o en algunas zonas de Cataluña, “no reciben mayor amparo que los previstos para los delitos comunes en cualquier otro tipo delictivo del Código Penal».

Estos objetivos son el deseo para 2021 de Movimiento contra la Intolerancia.

Afirma que de alcanzarse, situarían a España «en la vanguardia mundial de esta causa».

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