La absoluta soledad de los huérfanos de la violencia machista

Fuente: El País
Fecha: 03/03/2017

La violencia machista deja huérfanos a unos 40 niños y niñas al año: seis en lo que va de 2017; 166 entre 2013 y hoy mismo; unos 500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004. Son cifras estimativas, porque hasta 2013 ni si quiera se llevaba una contabilidad oficial. Los datos fueron presentados este viernes en el salón de la casa de Soledad Cazorla, la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, desde 2005 hasta su fallecimiento en 2015. El Fondo de Becas que lleva su nombre concede ayudas de estudio a las víctimas más invisibles.

Se les ve de refilón alguna vez en los informativos, deshechos en lágrimas o blindados por la entereza de las primeras horas del duelo, arropados por familia y vecinos en el entierro de sus madres: los deudos más jóvenes del cortejo fúnebre. Después, desaparecen del ojo público. Se quedan solos. Pero su vida sigue. Y no sabemos nada de ellos. El asesinato de cada mujer víctima de violencia machista es el salvaje final de su calvario, pero la continuación del de sus hijos, tan sufrientes de ella, o más, que las fallecidas. Comienza entonces un tortuoso itinerario personal y social. Un laberinto burocrático para acceder a unas ayudas escasas y dispersas. Un estigma social —muchas veces, el asesino es su propio padre y todo el mundo lo sabe— que lleva a algunos a abandonar su entorno buscando anonimato. Un futuro económico y educativo incierto, dado que quienes les acogen —los abuelos maternos sobre todo, según los casos atendidos por el Fondo de Becas Soledad Cazorla—, no siempre disponen de recursos. Y todo, sin hablar del trauma de crecer sin su madre, a la que no pocos han visto morir asesinada.

 Los huérfanos de la violencia machista son una realidad invisible. Solo desde 2015, con la reforma de la Ley Integral de 2004, tienen la consideración de víctimas directas del delito y de potenciales beneficiarios de pensiones orfandad absoluta. Pero el proceso no es fácil. El cambio de filiación —la determinación de quién se hace cargo legalmente de ellos, a quién corresponde la patria potestad— es largo y complejo. Las investigaciones policiales y decisiones judiciales sobre el crimen y sus consecuencias llevan meses o años. En la mayoría de casos, la consecución de ayudas, escasas e irregularmente repartidas por el territorio —la exención de tasas universitarias, en Andalucía; el acceso automático a becas de comedor, en Madrid, por ejemplo— solo se logra, y no siempre, tras una cruzada personal de las familias de funcionario en funcionario y de juzgado en juzgado.

“A efectos prácticos, el Estado no ha hecho nada por ellos en todos estos años. Han estado abandonados a su suerte. Y, ahora, más allá de paliar esas carencias, se trataría, además, de que la subcomisión parlamentaria que estudia el futuro Pacto de Estado contra la Violencia Machista considerara el concepto de reparación del daño, como en las víctimas del terrorismo, en el tratamiento de estas víctimas del terrorismo machista”, reivindicaron este viernes los representantes del Fondo Soledad Cazorla. Su viudo, Joaquín Tagar, y la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, fueron los encargados de presentar, en el que fuera domicilio de la fiscal fallecida, el balance del primer año de un proyecto que ha repartido 6 becas de estudios por un valor total de 7.000 euros a chicos de tres familias destrozadas por otros tantos asesinos de mujeres.

La memoria de Cazorla impregnaba la estancia. En los anaqueles, fotos de su vida dedicada al servicio público y, en los últimos diez años, a las mujeres víctimas de violencia machista. Los huérfanos que dejaron tantas tras de ellas son los beneficiarios del legado de la fiscal. Tanto Tagar como Soleto han constatado la soledad de las víctimas más jóvenes de esta lacra. “Pensábamos que iba a haber una avalancha de solicitudes. Pero casi hemos tenido que ir a buscarlos. Son víctimas especiales. No hacen ruido. Nadie desea pregonar que su padre mató a su madre. Pero sus derechos debieran ser promulgados con toda la urgencia y la publicidad posible”, dijo Soleto. “No es fácil unificar la actitud de las víctimas. Hablamos de sentimientos, de amor y desamor. Precisamente por eso, las ayudas, normas y procesos deben ser únicos, justos y claros. Se lo debemos”, concluyó Tagar.

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