España responde ante la ONU sobre los derechos de las personas refugiadas

El País.- El Estado español ha asumido sus compromisos en materia de derechos humanos, pero debe avanzar en la adopción de medidas legislativas y políticas concretas

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra su 44º periodo de sesiones en el que, este jueves, España ha respondido a las recomendaciones en materia de derechos humanos realizadas por los países miembros de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal. El pasado mes de enero, el Grupo de Trabajo que examinó al Estado español emitió un informe con 275 recomendaciones para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos en el país.

Por primera vez, seis países han puesto el foco en las deficiencias del proceso de tramitación de solicitud de protección internacional y se han pronunciado al recomendar a España la adopción de medidas que agilicen y hagan más eficaz el procedimiento, que garanticen una evaluación justa e individual, aseguren el principio de igualdad y no discriminación, mejoren la coordinación entre las administraciones y contraten nuevo personal, reforzando su formación.

También, por primera vez, se señala de manera explícita la necesidad de reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asilo con el objetivo de mejorar los procedimientos en el sistema protección y acogida. Además, como en años anteriores, en este informe se manifiesta la preocupación sobre el cumplimiento del principio de no devolución y la situación en Ceuta y Melilla.

Desde PlatRefugio, la plataforma conformada por 15 entidades que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que presentó a Naciones Unidas un informe sobre las vulneraciones de derechos en el sistema de protección y acogida en el Estado español, se valora positivamente la aceptación por parte de España de las 22 recomendaciones relacionadas con esta materia. Su aceptación supone el compromiso de avanzar en todas las medidas legislativas y de política pública necesarias para mejorar el procedimiento de solicitud y tramitación de asilo y la protección de las personas solicitantes en el sistema de acogida.

En este sentido los compromisos asumidos son muy limitados, ya que en su contestación tan solo señala que continuará con las políticas que ya se están implementando hasta ahora, sin avanzar hacia cambios estructurales que impliquen modificaciones normativas y reorienten el enfoque de su política actual.

Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en la aceptación de las recomendaciones sobre la situación en las fronteras en la que señalan que todo se hace atendiendo a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico español, manteniendo así su postura, desoyendo a las ONG que están en terreno y sin comprometerse a avanzar en las modificaciones legislativas necesarias para poner fin a las devoluciones en caliente y a la situación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (Cetis) en Ceuta y Melilla.

En esta línea de respuesta, España ha contestado a las seis recomendaciones referentes a la necesidad de avanzar en las garantías del acceso a procesos ágiles, eficaces y justos que “está a la espera de la reforma legislativa en la Unión Europea que tiene como objetivo que los procedimientos sean más rápidos y eficaces”, a pesar de haber incumplido su obligación de transponer la normativa europea actual.

Respecto a las recomendaciones relacionadas con las mejoras en el sistema de acogida, la respuesta de España señala el esfuerzo económico y de gestión realizado que, aunque se pueda valorar positivamente, continúa siendo imprescindible avanzar y repensar el enfoque del propio sistema de acogida para adaptarlo a la realidad social y económica actual, garantizando así los derechos de las personas solicitantes de protección internacional.

Además de respuestas limitadas en cuanto a un compromiso por la mejora de la situación de los derechos de las personas refugiadas, también realizaron afirmaciones inexactas, como la referente al refuerzo realizado con el aumento de los recursos humanos en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y el supuesto impacto que tuvo en el número de resoluciones de solicitudes de asilo adoptadas, pasando de 12.000 en el año 2018 a 60.275 en el año 2019. Un incremento que, fundamentalmente, se debe a la decisión política de facilitar autorizaciones de residencia y trabajo a todas aquellas personas venezolanas solicitantes de protección internacional, siendo el 65,9% de las resoluciones de 2019 concesiones de razones humanitarias a personas con nacionalidad venezolana, según datos oficiales de la OAR.

Considerando la limitación de los compromisos asumidos por el Estado español al señalar en su respuesta tan solo una continuación en políticas ya implementadas, y teniendo en cuenta los adoptados en el EPU, resulta imprescindible seguir trabajando para que estos se transformen en medidas legislativas y de política pública que garanticen y protejan los derechos de las personas solicitantes de protección internacional.

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