Cuando tu hogar es un centro: el confinamiento de los menores tutelados por el Principado

La Voz de Asturias.- Trabajadores critican un protocolo antifugas que criminaliza a los niños. Denuncian contradicciones en los instrucciones y escasez de recursos

Estas semanas de epidemia y a diferencia de lo que les ha ocurrido muchas veces en su vida, un grupo de población especialmente vulnerable, y eso se nota. Los ojos se posan sobre la tragedia que sufren los ancianos ingresados en las residencias geriátricas, donde los casos positivos crecen exponencialmente y los fallecimientos, también, mientras sus compañeros permanecen aislados en sus habitaciones. Pocos miran hacia los centros de menores, en el sentido más amplio de los equipamientos, desde las unidades de primera acogida, a los centros materno-infantiles, los alojamientos de atención inmediata o los de régimen especial para adolescentes. Allí permanecen centenares de jónves y niños asturianos confinados, con el apoyo de sus educadores y con la labor que desarrollan trabajadores de servicios y, en algunos, con vigilantes de seguridad. La situación es excepcional, en algunos casos tensa. Profesionales consultados por LA VOZ se quejan de la falta de recursos y de protocolos concretos para cada instalación, de órdenes contradictorias que no permiten ni usar los patios que están dentro de los propios recintos, de deficiencias en la limpieza que se debería extremar e instrucciones que criminalizan a los propios chavales, con denuncias casi redactadas de antemano.

El Comité de Empresa de Bienestar Social asegura que no ha recibido ninguna denuncia concreta de trabajadores, a pesar de que La Voz Asturias ha tenido acceso a algunos correos de profesionales que reclaman que se abran investigaciones y que se presione a la administración para cumplir con todos los parámetros. Fuentes del comité reconocen que los centros de menores «están más abandonados» porque los esfuerzos se están centrando en las residencias de ancianos. Precisan que existe una comunicación fluida con la consejería e, incluso, con la propia consejera y que se está trabajando con intensidad. Sin embargo, las quejas existen y se articulan en dos frentes diferentes, por una parte está el trato con los menores y, por otro, la gestión de la propia plantilla y de los riesgos laborales.

Los tutelados

Al igual que el resto de la población, los menores tutelados por el Principado se encuentran confinados en los alojamientos. Los trabajadores explican que, en función de las características de cada establecimiento, duermen en habitaciones compartidas de dos o tres o en apartamentos de hasta cinco, como pasa en el Materno-Infantil. Sin embargo, se ha recibido la instrucción de que no puedan salir ni a espacios al aire libre dentro del recinto. En Los Pilares, por ejemplo, solo les deja salir de dos en dos a una terraza, cuando en el interior pasan todo el tiempo juntos. En Colloto, por poner otro caso, no pueden pisar un jardín exterior que tienen, que también está cerrado.

Como no hay protocolos concretos de actuación, en cada instalación se actúa sobre la marcha. Así en Colloto, uno de los menores tuvo alguno de los síntomas del coronavirus, así que se decidió aislarlo en la primera planta y trasladar a todos los residentes y al personal a la segunda, con lo que se hacinó más al resto. Una trabajadora eventual que pasó por el centro ha dado positivo, por lo que se teme que puede haber habido trasmisión, aunque ya no está en plantilla desde el pasado 8 de marzo. La gestión del día a día tiene que resolver la falta de instrucciones concretas para estos casos. En algunos, como la prohibición de salir a las terrazas, no cuenta con el respaldo de todos los educadores, que no acaban de comprender la razón.
Sin embargo, lo que ha despertado más polvareda es el procedimiento para casos de fuga y «de comportamientos disruptivos» y el modelo de denuncia que se les ha remitido. Se recuerda a los trabajadores que la administración pública es la representante legal de los menores y que se debe ejercer su guarda «con la diligencia de un buen padre de familia impidiendo, por tanto, su movilidad y salidas al exterior». Con esta premisa en mente, les ordena tratar de impedir cualquier fuga y si aun así se produce, interponer una denuncia, con todo lujo de detalles, para demostrar que se produjo un delito de desobediencia al personal educativo. Instruye también que especifiquen las amenazas o el tipo de agresión, si se produce, y que se indique si el resto de menores estuvieron en riesgo. Esta denuncia debe remitirse a la Fiscalía de Menores.
 Si la Policía les detiene, deben ir a recogerlos y notificar lo sucedido al Fiscal de Menores de guardia para que valore la posibilidad de acordar su ingreso en el centro de Sograndio, de régimen cerrado. Esto solo se aplicará en los mayores de 14 años, a los que ya se les pueden exigir responsabilidades legales. A los que tengan entre 12 y 14 años, se valorará su ingreso en Miraflores, que es un centro de régimen especial y no totalmente cerrado como Sograndio.

Profesionales de Miraflores reconocían el pasado viernes, 27 de marzo, que todavía no habían recibido a ningún niño. En su caso, la epidemia se está gestionando de una manera menos conflictiva. Se han suspendido todos los talleres que imparten profesores externos, con lo que el aburrimiento campa a sus anchas pero los residentes pueden utilizar las instalaciones exteriores, donde incluso cuentan con un huerto. En este centro se suelen seguir programas de tres meses. Los dos primeros meses no pueden salir y a partir del tercero, comienza el proceso de adaptación social. Todos los menores que en estos momentos se encuentran ingresados están en la primera fase, por lo que ya sabían que no iban a poder cruzar la puerta antes incluso del decreto de alarma. Hay menos educadores en los turnos de semana pero los mismos durante el fin de semana y ese viernes no habían registrado ningún positivo ni tampoco ningún sospechoso.

El modelo de denuncia, en concreto, les recomienda explica cosas concretas, como que «los chavales dicen que no lo van a aguantar», especificar los insultos, como «hijas de puta», entrecomillar frases como «me estáis poniendo muy nervioso» o denuncia que «supone un riesgo real para el resto de niños». Esto que para la administración es un ejemplo, para algunos educadores es algo que «carga las tintas» y que trata de «orientar y mediatizar».Las fugas ya se han producido. Al menos uno de los menores de Colloto fue localizado por la Policía en Gijón. La consejería, sin embargo, especifica que ninguno de los menores de este centro ha sido trasladado a Sograndio. Ha explicado que «se trabaja en plena colaboración y coordinación con la Fiscalía de Menores, la Delegación del Gobierno y la Consejería de Salud, y se están aplicando rigurosamente las instrucciones y protocolos recibidos desde estos organismos». Por si parte, el director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Carlos Becedóniz, ha reconocido que «la situación en el centro de menores de Colloto es igual a la de cualquier familia asturiana con menores a cargo en este estado de confinamiento»

Lo que se ha estado haciendo en las últimas semanas es trasladar a los trabajadores a aquellos alojamientos en los que falta personal, bien por bajas o por permisos. Por esa razón, fuentes conultadas por La Voz indican que la plantilla está demasiado ajustada en un momento tan excepcional para todos, tanto para los tutelados como para los propios profesionales. Tampoco entienden que haya instalaciones cerradas que se podrían utilizar para cumplir con todas las normas higiénico-sanitarias que evitarían el contagio, como es el caso de la antigua unidad de primera acogida habilitada en el Fundoma y una parte del Materno-Infantil. «No son centros especiales. Esto es su hogar», insiste las fuentes consultadas para explica por qué les parecen tan poco razonables las instrucciones.

Falta de seguridad

Algunos viven con miedo por la falta de recursos. Los equipos de protección individual están comenzado a llegar. Durante los primeros días los trabajadores de limpieza no daban abasto pero ahora ya se han reforzado los turnos y se están cumpliendo con todas las instrucciones de desinfección. Lo que no hay, denuncian trabajadores consultados por La Voz, es un plan individualizado ajustado a las características de cada centro. Algunas instalaciones no cuentan con vestuarios adecuados y duchas para los profesionales y aseguran que llevan más de dos años sin que se les entregue ropa de trabajo, lo que ahora cobra especial relevancia. Creen que lo que está pasando es suficiente para que actúe la Inspección de trabajo por lo que piensan que el comité de empresa debería intervenir ya.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *