“Cuando derivan a tu hijo con discapacidad a un colegio especial te están diciendo que es un problema”

  • Las juntas de Educación de las autonomías tienden a derivar a los niños aunque se opongan los padres
  • La ONU condenó a España por no cumplir con la Convención sobre Discapacidad

23/09/2018 Rtve.- La vuelta al cole no ha sido igual para todos los niños este curso. Este mes de septiembre, múltiples medios se han hecho eco de la lucha de Cristina, la madre de un niño con autismo, para evitar que obliguen a su hijo a cambiar de su colegio en el municipio cordobés de La Carlota hacia un centro de educación especial. No quiere que le separen de sus amigos, de su hermano y sus profesores de siempre. Su petición en la plataforma Change.org cuenta ya con más de 200.000 firmas, pero la Consejería de Educación de Andalucía ya tomó la decisión de derivarle y ahora esta madre espera a que la Justicia falle a su favor.

No es un caso aislado. Desde Down España reconocen a RTVE.es que las familias viven esta situación a menudo, y que ha habido padres que han llegado incluso a tener a sus hijos sin escolarizar durante tres años porque se negaban a llevar a sus hijos a un centro segregado para personas con discapacidad, pese a que la ley les obliga. A veces las familias de los niños encaran largos procesos judiciales para evitarlo que pueden durar incluso años, explica también a RTVE.es el Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (Cermi), Jesús Martín.

“El 20% del alumnado está segregado, lo cual es muy preocupante para una democracia madura como España”, añade. “Lo habitual”, afirma Martín, es que, cuando hay un caso de discapacidad, las consejerías de Educación de cada comunidad autónoma hagan una valoración psicopedagógica y elaboren un informe que determine su futuro escolar. Pero critica que “se centran en los déficits, en cuestiones funcionales que suelen derivar en un itinerario de educación especial”.

“A la mayoría de alumnos con discapacidad les obligan a cambiar de centro. Muchos padres tienen que cambiar toda su rutina y la del niño porque les obligan las consejerías de educación de turno”, añade la directora gerente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Elena Antelo, que incide en que el “peor sentimiento” es el de la discriminación. “Te están mandando el mensaje de que tu hijo es tan sumamente diferente que lo tienen que enviar a un sitio diferente”, que “es más fácil enviarlo a otro lado”. “Lo que en realidad te están diciendo -añade- es que tu hijo o hija es un problema”.

No opina lo mismo José Antonio Torres, catedrático en la Universidad de Jaén y miembro de la publicación online Revista de Educación Inclusiva, que en declaraciones a RTVE.es afirma que aunque sigue habiendo problemas de segregación, “se ha avanzado en muchos aspectos” y considera que “la mayoria de centros públicos tienen recursos” para atender a personas con discapacidad. “Otra cosa son los privados o concertados”, matiza. Incide en que, por ley, no se debería poder derivar a los niños con discapacidad de un centro público ordinario a uno especial.

Este experto pone de manifiesto que “la tendencia es la integración”, aunque “algunas veces el niño necesite salir de la escuela a hacer un tratamiento de logopedia o terapia”. Y expone que a veces el problema de que algunos centros no estén preparados para dar una atención integral al niño es que los padres no han informado antes de empezar el curso o de escolarizar a su hijo de las necesidades especiales que pueda tener.

Educación inclusiva

Los tres expertos consultados apuestan por una educación inclusiva en los centros de educación ordinarios con los recursos físicos y humanos para adaptarse a las necesidades de los menores y que la inclusión no sea sólo “presencial”, sino que implique “participación”. En este sentido, desde el Cermi y desde Cocemfe critican que en algunos de los centros ordinarios donde estudian alumnos con discapacidad, especialmente si ésta es de tipo intelectual, tienen a esos estudiantes “aparcados” en aulas segregadas o con los recursos que necesitan fuera del aula y, por lo tanto, sin una integración real.

“No se trata sólo de tener a un niño en el aula, sino de que interactúe y participe con los compañeros, que jueguen juntos en el patio”, incide desde el Cermi Jesús Martín. Cocemfe estima que en España existen 1.491 centros donde la educación es realmente inclusiva. “Parte de la educación es aprender a generar respeto y afecto y es muy difícil que personas que no estudian ni conviven con un niño con discapacidad puedan entender a estas personas en el futuro y quererlas”, añade Martín. Pone de ejemplo la política, donde “se harían políticas más eficaces” si los dirigentes se hubieran criado con personas con discapacidad.

Antelo, por su parte, incide en que “cuanto más aprendamos en convivencia, en saber las diferencias de las personas, más ganamos y más libre y abierta va a ser una sociedad”. Esa falta de convivencia entre personas sin y con discapacidad genera desinformación y prejuicios hacia los que son diferentes. Por eso, desde el Cermi Jesús Martín desmiente la idea de que estudiar con niños con discapacidad pueda ralentizar el aprendizaje de los niños que no la tienen, porque la inclusión, explica, es “hacer un traje a medida” en educación para cada niño en base a sus capacidades, y califica como “intolerable” pensar de esa forma.

La ONU condena la “discriminación” en España

En mayo, la ONU elaboró un informe en el que determinó que en España no cumple con los principios de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, firmada en 2008. En su lugar,  “se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico que afecta desproporcionalmente, y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.

La legislación española en materia de Educación (LOMCE) y de Discapacidad apela a la integración de los niños en el sistema educativo. La Ley de Discapacidad afirma que “corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen una atención especial”.

Dicha ley añade que la escolarización en centros de educación especial “sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales”. Como denuncian Cermi y Cocemfe, esto no es lo habitual.

Por su parte, la LOMCE también apela en su Artículo 1 a la “inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación” y que la educación “actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.

Falta de formación y recursos en algunos centros ordinarios

Martín lamenta que pese a que “la teoría” es la inclusión, en la realidad se construyen cada vez más centros de educación especial y reconoce que muchas veces los padres de los niños son más favorables a derivarles a estos centros para evitar la “hostilidad” de llevarle a uno ordinario, donde algunas veces se encuentran con falta de comprensión o de voluntad por parte de la dirección y del profesorado de los mismos. “Para algunas familias las escuelas segregadas suponen un entorno protegido”. Los centros ordinarios “suelen tener logopedas y profesores de apoyo, pero son recursos escasos. Con el autismo, por ejemplo, es difícil la integración si los profesores no están correctamente formados en materia de diversidad”, lamenta.

Por su parte, Antelo aclara que no es contraria a la labor que hacen los centros de educación especial, pero lamenta la “obligación” que tienen muchos niños de ir a ellos y no poder elegir ni tener “igualdad de oportunidades”. Normalmente los padres escolarizan a sus hijos en función de la cercanía, explica. Pero para estas familias, el cambio a la educación especial implica en ocasiones tener que trasladarse varios kilómetros, problemas para la conciliación familiar -más aún si se separan a los hermanos de centro-, y un nuevo reto de adaptación de un niño a un centro nuevo.

Por eso, la directora gerente de Cocemfe lamenta que en muchas ocasiones lo que no hay es “voluntad” de los centros ordinarios de solucionar pequeñas cuestiones, como mover una asignatura de la segunda planta a la baja si hay un alumno con problema de movilidad. “Para los niños con discapacidad física es más habitual adaptar baños o poner rampas, aunque no siempre; pero en ejemplo de las personas sordas, se enfrentan a que tienen muy pocas horas en lenguaje de signos en las escuelas; para las familias es una pelea constante muy frustrante”, lamenta Martín.

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